Una nueva encuesta revela que la mayoría de las familias inmigrantes todavía enfrentan confusión y miedo a raíz de la "norma de carga pública"— una política dañina de 2020 que fue revocada a principios de este año.
Según una nueva encuesta de la coalición Protecting Immigrant Families (PIF), auspiciada por No Kid Hungry, tres de cada cuatro familias inmigrantes no sabían que los duros cambios a la regla de carga pública por parte de la administración anterior fueron anulados a principios de este año.
Los hallazgos confirman que la confusión y el miedo impidieron que muchas familias inmigrantes elegibles accedieran programas que ayudan a alimentar, albergar y mantener saludables a sus hijos, un fenómeno conocido como el “efecto desalentador o paralizador” de la carga pública.
Los principales hallazgos incluyen:
- Cuando se les preguntó sobre si trataron de obtener asistencia durante la pandemia de COVID-19, casi la mitad (46%) de las familias que necesitaban asistencia no la solicitaron debido a preocupaciones sobre su estatus migratorio.
- 3 de cada 4 familias inmigrantes no sabían que la dañina norma de carga pública había sido revocada en marzo pasado.
- El 50% dijo que el conocimiento de la revocación de esta norma los hacía más propensos a utilizar programas de redes de seguridad cuando sea necesario.
El impacto de esta política es de gran alcance. 1 de cada 4 niños estadounidenses vive con al menos un padre inmigrante. El Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria) estima que las consecuencias de la política de carga pública podrían dañar la salud y el bienestar de 7,6 millones de niños ciudadanos estadounidenses.
Los programas federales de nutrición como el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) , WIC y las comidas escolares se encuentran entre las formas más efectivas para las familias que necesitan alimentar a sus hijos.
Sin embargo, estos hallazgos muestran que la desinformación y el miedo sobre las consecuencias migratorias continúan impidiendo que estos programas lleguen tanto a los niños inmigrantes elegibles como a los ciudadanos estadounidenses, lo que contribuye a un aumento en el hambre entre las familias de color.
Para las familias inmigrantes de bajos ingresos y sus hijos, la pandemia, junto con los cambios de la administración anterior a la norma de carga pública, se convirtieron en un doble golpe, aumentando las disparidades del hambre previas a la pandemia. Los padres de bajos ingresos enfrentaron dos opciones imposibles: renunciar a servicios como alimentos o atención médica o vivir con el temor de que sus familias no puedan permanecer juntas.
Revertir la norma de carga pública fue un primer paso importante, pero no es suficiente. El efecto paralizador de dicha política persiste con inmigrantes y ciudadanos estadounidenses confundidos y temerosos de acceder a programas que podrían ayudar a alimentar, albergar y cuidar a sus hijos. Debemos redoblar el alcance culturalmente receptivo para las familias inmigrantes elegibles para que tengan información sobre los programas para los que califican.
Los resultados de la encuesta serán fundamentales para nuestros esfuerzos de apoyo para una mayor conciencia pública, políticas más amplias e inclusivas que ayuden a alimentar a todos los niños, y servirán de base para los esfuerzos de divulgación con los socios de No Kid Hungry como UnidosUS y otros grupos en la comunidad. Cuando nos aseguramos de que todos los niños de nuestra nación estén alimentados, alojados y cuidados, se crea una sociedad más fuerte y equitativa donde los niños y las comunidades prosperan.
El sondeo encuestó a 1,000 personas en todo el país, la mayoría latinos o asiático-americanos/isleños del Pacífico, los dos grupos étnicos/raciales más grandes afectados por la norma de carga pública. Los encuestados tienen al menos un miembro de la familia que no es ciudadano de los EE.UU. La investigación fue realizada por BSP Research.
